El presente escrito se propone incidir en torno de una necesidad social emergente para justificar la apertura de programas educativos orientados hacia la formación de profesionales de la educación que brinden servicios  de calidad al amplio segmento de la población identificada en el rubro de primera infancia. El énfasis, como se advierte, está puesto en el surgimiento de un nuevo escenario, altamente politizado, de este segmento del sistema educativo y de servicios sociales que advierte la premura del análisis para su evaluación y reestructuración. Los compromisos jurídicos internacionales en esa materia y las demandas de equidad e igualdad de los servicios para una población creciente convierten a la educación de la primera infancia en el punto de mira de los analistas y críticos sociales. Nunca como ahora los diversos ámbitos y modalidades de los servicios para la primera infancia habían estado en el centro de la atención nacional.

 Extensivamente, con la perspectiva de profesionalizar los servicios de asistencia y educación que se brinda a este sector, se trata de aproximarnos a las reflexiones preliminares para avanzar hacia una reestructuración de la Licenciatura en Intervención Educativa, 02 que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional, a través de su sistema de Unidades regionales, con la finalidad de fortalecer el campo curricular de una de sus seis Líneas de Formación  Específica [1] para convertirla en un programa educativo independiente; esto es, la Licenciatura en Educación Inicial.

 Bien sea desde el reconocimiento oficial de la carencia de infraestructura normativa para ofrecer atención de calidad, o ya sea desde el sacudimiento de la conciencia social por incidentes extraordinarios como el ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora [2], la profesionalización de los servicios de las guarderías, estancias infantiles, centros de atención, etcétera se advierte impostergable. Y lo es sin duda considerando, además, el abandono de esta franja de los servicios sociales en términos de la ausencia de una política del gobierno federal dirigida al mejoramiento de la atención de nuestra primera infancia, así como de algunos referentes internacionales.  

La afirmación es categórica: “el personal que trabaja con niños en programas de ECPI (Educación y cuidado de la primera infancia) tiene un impacto de gran importancia en el desarrollo y el aprendizaje temprano del niño”[3]. De suyo indiscutible esta aseveración ofrece una premisa consistente para quienes advierten en la atención de la primera infancia una inversión urgente para encarar los grandes problemas nacionales y asegurar un relevo generacional promisorio. Sobre ese marco la comunidad de naciones constituidas en la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico) llevó a cabo un amplio estudio acerca de las políticas pública orientadas hacia la atención de la primera infancia, con la perspectiva de “proporcionar análisis e información de una serie de países, encaminada a mejorar el diseño de políticas para la educación y los cuidados durante la primera infancia en todos los países miembros de la organización”[4].

Luego de tres años de esfuerzos compartidos el estudio arrojó resultados que los países han adoptado total o parcialmente, con el carácter de compromisos formales para la revisión de sus políticas educativas correspondientes. Destacamos aquí, particularmente el aspecto identificado como “Mejoramiento de las capacidades y las condiciones de trabajo del personal”, justo en la medida en que incide en la preocupación de la Universidad Pedagógica Nacional de México para ofrecer una alternativa de formación para profesionales de la intervención educativa en el campo de la educación inicial.

En contraparte con el espíritu de los resultados obtenidos en el estudio aludido la misma organización ofreció un diagnóstico, Hacer lo mejor por los niños, del estado que guarda la situación del bienestar infantil en cuyo eje se evidencia el lugar que ocupa nuestro país en ese aspecto: “México, penúltimo en bienestar infantil: OCDE”[5]. Preocupante como muchas otras esta nota subraya lo que ya sabíamos, aunque no del todo con la dimensión dada a conocer por ese organismo: que buena parte de nuestros niños vive en condiciones de marginación y sobrevivencia y muy lejos, en consecuencia, de los indicadores de bienestar sugeridos para todos los países miembros. Por otra parte, en el documento Modelo de Atención con Enfoque Integral de Educación Inicial que ha venido construyendo la SEP, a través de la Dirección de Desarrollo Curricular, se precisa que entre otros propósitos se busca profesionalizar la atención a la población beneficiaria (el 5% nacional, en promedio) y transformar los servicios en un nivel educativo. Por el lado que se vea, entonces, la formación de profesionales para la educación de la primera infancia deviene finalidad trascendente.

Sobre ese contexto se antoja necesario formular interrogantes básicas respecto de los perfiles profesionales deseables que es necesario bosquejar para responder a las necesidades de atención y bienestar de los lactantes y maternales del país en tres dimensiones inseparables:  seguridad, salud y educación. El punto de partida resulta inobjetable: la tragedia de la Guardería ABC del 5 de junio pasado nos ha proporcionado una penosa experiencia que es urgente asimilar para diseñar una política pública globalizadora para este sector. El programa educativo puede ser innovador desde la perspectiva de su enfoque teórico y metodológico en la medida en que incorpore los lineamientos y principios neuropedagógicos más recientes; sin embargo, si el “brillante” currículum no forma parte de un programa integrador de las tres dimensiones señaladas nos encontraremos, nuevamente en la orilla del precipicio. El programa educativo puede ser muy avanzado en sí mismo, pero si las instalaciones del centro no reúnen las condiciones normativas de seguridad, si el personal responsable del centro no sabe cómo proceder ante circunstancias de alto riesgo, si el equipo de emergencia es obsoleto, las consecuencias son imprevisibles. La resultante más visible es la imperiosa necesidad de que los centros de atención estén planeados, dirigidos y operados por equipos de profesionales de la atención y educación infantil

La alta vulnerabilidad de nuestros lactantes y maternales debe ser el punto de partida para el diseño de una política de atención y del tipo de programa de bienestar integral, y en consecuencia del tipo de perfil profesional idóneo para su implementación y desarrollo. Lo que deseamos subrayar aquí es la naturaleza compleja de la atención de nuestra primera infancia, el carácter multidisciplinario de los servicios asistenciales, de salud y educativos necesarios para garantizar el disfrute de sus derechos. La puericultista, la psicóloga educativa, el pediatra, la trabajadora social, la educadora han venido asumiendo desde sus competencias profesionales diversas las funciones de una demanda social creciente; pero lo han hecho desde la improvisación de inmuebles, de equipos y de personal de asistencia. Esta consideración no pretende negar la calidad de los esfuerzos profesionales realizados hasta ahora sino subrayar la necesidad de insertar cambios trascendentes en la concepción y estructura de los servicios asistenciales y educativos vigentes.

La formación de profesionales para la atención de la primera infancia debe desarrollarse en el marco de una política general que responda a las disposiciones y acuerdos suscritos con los organismos internacionales y a las necesidades sociales y pedagógicas emergentes de nuestro país, en los términos del Modelo de Atención con enfoque Integral de la SEP. En esa dirección la Línea de Formación Específica en Educación Inicial que desarrolla la Universidad Pedagógica Nacional a través del programa de la Licenciatura en Intervención Educativa, desde el año de 2002, debe desprenderse de su matriz curricular actual para convertirse en una licenciatura independiente. Esta medida traería beneficios que es necesario destacar para justificar su autonomía e inserción en los diversos ámbitos de atención de la población infantil beneficiaria:

1. Se cuenta ya con la experiencia de ocho años en la formación de profesionales de la Intervención Educativa, buena parte de los cuales se han venido insertando en diversos campos educativos, aunque no necesariamente de la Educación Inicial. El cambio conceptual de Interventor Educativo al de Educador Infantil sería útil para identificar el campo profesional de inicio, sin desvirtuar los otros campos de formación que continuarían siendo parte de la Licenciatura en Intervención Educativa.
2. Se fortalecería el proceso de construcción del perfil de egreso del profesional de la Educación Inicial. Piénsese, por ejemplo, que desde el inicio de la operación curricular se contaría con la definición precisa del tipo de profesional que se desea formar para la intervención en un contexto socioeducativo claramente delimitado por el concepto Educación Inicial, en contraparte con la ambigüedad implícita en el concepto de Interventor Educativo,  aplicable con el sentido de seis líneas diferentes de concreción.
3. La reestructuración curricular impondría una racionalidad epistémica  dirigida hacia el campo socioeducativo que nos importa porque la totalidad del plan de estudios seleccionaría los contenidos, delimitaría los contextos, los tipos y modalidades de la Educación Inicial sobre los cuales se buscaría incidir, desde el diseño del plan.
4. Desde la perspectiva de la oferta los aspirantes podrían suscribir el compromiso con la Universidad con la certidumbre de su pertenencia a la Licenciatura en Educación Inicial y consecuentemente se ampliarían las expectativas de formación para el personal que labora en los diversos modelos institucionales de atención de la primera infancia. El escenario previsible sería de una alta demanda de los interesados en cursar esta Licenciatura.
5. Se establecería una línea de formación y desarrollo profesional con la articulación entre la Licenciatura en Educación Inicial y la continuidad hacia el posgrado con la Especialización en el mismo campo que se ha venido construyendo a través de un equipo de expertas en Educación Inicial de la UPN.

A manera de conclusión podemos destacar la oportunidad histórica y la coyuntura política para avanzar, primero, en el mejoramiento de la calidad de los servicios implícitos en el concepto de bienestar infantil, que emplea la OCDE para designar al conjunto de los servicios asistenciales y educativos orientados hacia el desarrollo de la primera infancia, y simultáneamente, convocar a los expertos en el campo para reflexionar alrededor de los perfiles idóneos capaces de asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad y calidad de los servicios asistenciales y educativos de los diversos centros de atención infantil Sólo entonces podremos establecer las premisas para avanzar hacia la creación de un nivel educativo, el primero que abra el itinerario de una educación formal coherente con la totalidad del subsistema de educación básica del país.

[1] Como se sabe la Licenciatura en Intervención Educativa de UPN se despliega en 6 Líneas Específicas de Formación: Educación Inicial, Gestión Educativa, Educación Inclusiva, Orientación Educativa, Educación Intercultural y Educación para Jóvenes y Adultos. A partir de un área de Formación inicial en el Campo de las Ciencias Sociales que comprende los primeros dos semestres, los estudiantes eligen en el tercer semestre la Línea Específica de su preferencia.

[2] 49 niños fallecidos y 150 heridos con quemaduras de diverso grado fue el saldo de la tragedia que sacudió la conciencia nacional, sobretodo cuando la Suprema Corte de Justicia se pronunció por la urgente necesidad de regularizar la calidad de los servicios subrogados de las Guarderías del IMSS, a la cual pertenece la Guardería ABC, sede de la tragedia.

[3] En OCDE/OEI Niños pequeños, grandes desafíos. Educación y atención en la infancia temprana. México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 2004, pág. 144. La primera edición es del 2002.

[4] “Doce naciones se propusieron como voluntarias para participar en el proyecto: Australia, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Italia, Noruega, los Países Bajos, Portugal, la República Checa, el Reino Unido y Suecia. Idem, pág. 7.

[5] Véase la nota de Milenio, 2 de septiembre de 2009.